Caso elegido:
En mayo de este año, el parlamento francés aprobó una ley de vigilancia, según la cual el gobierno puede “controlar y monitorizar comunicaciones personales como correos electrónicos o llamadas de teléfono sin necesidad de una orden judicial”; la instalación de unos dispositivos que permiten rastrear las comunicaciones móviles realizadas en una zona determinada e incluso los movimientos; también permite “la implementación de cajas negras que registren y analicen la actividad de millones de ciudadanos en Internet, o la instalación, en los domicilios de sospechosos de terrorismo, de micrófonos, cámaras y dispositivos de vigilancia en sus ordenadores.”(1)
Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones que son violados por la aplicación de esta ley:
*Legalidad: Ya el mismo texto de la ley viola la constitución francesa, ya que esta “reconoce el secreto de las comunicaciones como un derecho de sus ciudadanos”. Podríamos suponer que si se viola algo tan básico de la constitución, y siendo tan amplio lo que permite la ley, la aplicación de esta norma dentro de los margenes de la ley sera mas excepción que regla.
*Objetivo legitimo: Este es un punto complicado, ya que se podría decir que el objetivo es legitimo (usar las herramientas de la vigilancia para dar con las localizaciones y planes de terroristas y/o posibles atentados). Pero debemos poner en la balanza lo legal, cual es el precio (en cuanto a derechos violados y privacidad cedida) a pagar, y otra cuestión: hasta ahora, no ha servido ni para prevenir ataques terroristas ni para encontrar terroristas después de efectuados aquellos.
*Necesidad: Es evidente que la ley le da al gobierno un exceso de nivel de implicación y de herramientas con respecto a lo estrictamente necesario para llevar a cabo su objetivo. No se necesitan medidas judiciales previas, no hay controles exteriores al organismo que lo aplica, etc.
*Proporcionalidad: Como ya se dijo, la ley que estamos tratando viola la constitución francesa, da excesivos poderes de vigilancia al gobierno,y no necesita ningún tipo de autorización judicial.
*Autoridad judicial competente: Otra vez, como se dijo, la ley autoriza al gobierno a realizar vigilancias comunicaciones sin autorización judicial.
*Supervicion publica: Un comité supervisa la aplicación de la ley, pero solo tiene la facultad de aconsejar al primer ministro.
Sobre los principios “Integridad de las comunicaciones y sistemas”, “Transparencia”, “Notificación del usuario”, “Debido proceso” y “Garantías contra el acceso ilegitimo y derecho a recurso efectivo”(mas allá del reconocimiento al secreto en las comunicaciones establecido en la constitución) no se tiene la información suficiente.
Consecuencias: Podemos ver consecuencias explicitas, como la innegable violación de la constitución francesa, pasando por cuestiones menos obvias pero aun así evidentes como las faltas de garantías para con los ciudadanos debido a esta excesiva vigilancia sin control. También podemos suponer otras posibles consecuencias, como el uso de la vigilancia para filtrar comunicaciones de grupos disidentes, pero no violentos (es decir, que no justifiquen la aplicación de esta ley), y así poder perseguirlos o causarles algún tipo de perjuicio. Solo por citar el primer ejemplo que se me viene a la cabeza.
Por lo tanto, este tipo de leyes siempre dañan y vulneran mas derechos que los que pretenden defender (por cierto,no sirven hasta ahora para esto ultimo), por lo que podríamos decir que son, efectivamente, peligrosas.
Facundo.
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